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Legalizar la muerte. Exhumaciones en el Perú post-conflicto

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Por Klara Méndez, Ander Mendiguren e Ivana Belén Ruíz Estramil con la colaboración de Gabriel Gatti

El pasado 9 de noviembre de 2016, Dorothée Delacroix, investigadora de la Casa de Velázquez LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparée), intervino en el marco del ‘Seminario Permanente Mundo(s) de víctimas, 2: Desapariciones’, con una conferencia titulada: “Legalizar la muerte. Exhumaciones en el Perú post-conflicto”.

Tras una breve presentación de la temática abordada en su tesis doctoral, la construcción de la memoria y el papel de los monumentos en la jerarquización de las víctimas, Delacroix nos explicó los avances de su investigación posdoctoral. Desplazándose de la antropología política a una mirada que enfatiza lo corporal, su etnografía focaliza en los impactos simbólicos, sociales y políticos de las exhumaciones en Navarra y Perú. En su intervención se centró en el caso peruano, donde el conflicto entre el Estado y la organización guerrillera Sendero Luminoso ha dejado, en veinte años, 70.000 víctimas. La mayor parte de ellas indígenas quechua hablantes que habitan las cordilleras andinas y conforman la comunidad más pobre del país. Tal como explicó Delacroix, el proceso de paz está imponiendo un marco legal que prioriza lo jurídico frente a lo humanitario y un discurso hegemónico que, por un lado, jerarquiza a las víctimas, excluyendo de la categoría a los guerrilleros; y, por otro, construye una falsa imagen inocentizadora de los indígenas. Bajo ese marco, su labor investigadora parece atender a dos cuestiones:

En primer lugar, los procesos de identificarse como  ‘víctima’, profundamente orientados por el trabajo desarrollado por las ONGs de derechos humanos desde la década de 1990. Estos organismos llegaron con capital económico y pusieron en marcha talleres en los que promovieron, jerárquicamente, un tipo subjetivo de víctima que fue interiorizado por los indígenas desplazando las categorías y expresiones nativas. Sometidas a ese discurso institucional, las comunidades han naturalizado ese vocabulario de producción reciente, presentando sus demandas y designándose según los términos impuestos. Además, los militantes de derechos humanos inconscientes del valor del silencio para afrontar esas situaciones de violencia, han impuesto una concepción sanadora de la memoria que ha despertado viejos rencores.

En segundo lugar, el impacto de las exhumaciones que comenzaron con el Plan Nacional de Investigación en Antropología Forense (PINAF). Un proceso centrado en la responsabilidad jurídica de los perpetradores en el que las instituciones oficiales del Estado tienen por objetivo ‘legitimar la muerte’. Para ello, pretenden reconocer la identidad de los muertos y determinar que han sido asesinados por la guerrilla para evitar que “falsas víctimas” reclamen reparación económica. Además, como se evita exhumar fosas próximas a zonas militares, se está construyendo un relato único en torno al conflicto.

Uno de los espacios centrales de su terreno etnográfico ha sido el cementerio de Toraya, donde el proceso de verificación estatal ha obligado a realizar exhumaciones forzadas, ejerciendo una fuerte violencia simbólica sobre los familiares (y física sobre la integridad de los restos corporales). La falta de cuerpos ha tenido graves consecuencias en esa comunidad indígena, generando nuevas formas de sometimiento y subalternidad. En este sentido, los familiares han tenido que buscar sustitutos para continuar guardando culto y existe un malestar creciente acerca del modo en el que los restos corporales exhumados están siendo administrados.